NEUQUÉN.- Tras la represión policial de la que fue víctima la comunidad mapuche Currumil por un conflicto de tierras en el paraje Quillén, la Confederación Mapuche y el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Jorge Rivas, acordaron una tregua de 15 días.
En tanto distintas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos manifestaron su repudio y solicitaron una audiencia urgente con el gobernador Sapag. Además, el próximo viernes se realizara una marcha desde el microcentro neuquino hasta Casa de Gobierno, convocada por la Confederación Mapuche, para repudir los últimos actos represivos.
Lorenzo Loncón, werken de la comunidad Nahuel Mapu y miembro de la Confederación informó que el gobierno “prometió que durante 15 días no nos iban a reprimir y que por el momento podíamos mantener a los animales en el lugar (en el campo del empresario Pedro Podestá). Durante esta tregua tenemos que juntarnos a hablar con el gobernador. Por lo menos eso es lo que nos prometió Rivas”, señaló.
Existen varios conflictos de este tipo a lo largo y ancho de la provincia. “Tenemos órdenes de desalojo en varias comunidades como son Paichil Antriao (Villa la Angostura) y Wenxu Trawn Leufu (Pikun Leufu), también en Aluminé, cerca del valle de Ruca Choroy, emitidas por el Juzgado de Zapala y Cutral Co. Existen 50 causas abiertas en nuestra contra, 31 penales y 19 civiles, con más de 150 mapuches imputados », insistió Loncón.
La semana pasada, la comunidad Currumil de Aluminé fue víctima de esta situación : « Vivimos un desalojo salvaje. Agentes de la UESPO, armadas con todo tipo de instrumentos, y a fuerzas de palos y balas de gomas, reprimieron y desalojaron por la fuerza bruta a las decenas de familias del campo ancestral de la comunidad. El lonko de la Comunidad Currumil, junto a cuatro werken de la misma comunidad, fueron detenidos y alojados en la Comisaría de la ciudad en calidad de incomunicados”, agregó Loncón, quien señaló como temas centrales a tratar con Sapag “la no judicialización de la demanda social y que se cumple la ley 26.160”.
Esta ley de emergencia respecto de la posesión y propiedad de las tierras establece que “se declare la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Además, dispone que “se suspenda por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo primero”.
Walter Barros y Noelia Huenohueque.
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